Exjuez habría colaborado con red investigada por millonarias operaciones de lavado de activos

Las autoridades del Ministerio Público investigan el presunto vínculo de un exjuez con una estructura señalada de participar en operaciones de lavado de activos relacionadas con el narcotráfico, mediante movimientos financieros y transacciones inmobiliarias de considerable valor económico.
De acuerdo con las informaciones contenidas en el expediente de investigación, el exmagistrado Teodoro Castillo, conocido como Adriano, habría desempeñado un papel como facilitador de determinados procedimientos legales utilizados para dar apariencia de legitimidad a bienes y recursos cuyo origen estaría bajo sospecha.
Entre las actuaciones que se le atribuyen figuran la preparación de documentos notariales, contratos de compraventa, préstamos e hipotecas que presuntamente habrían servido para ocultar la verdadera titularidad de propiedades y dificultar el rastreo del dinero.
La investigación también hace referencia a la utilización de terceros para registrar bienes y realizar operaciones comerciales, una práctica que, según las autoridades, habría permitido mantener ocultos a los beneficiarios reales de determinados activos.
El expediente relaciona esta presunta estructura con Fausto Candelario Ortiz, conocido como Pachá, y Yovani Candelario Ortiz, alias Pachasito, señalados por el Ministerio Público como supuestos cabecillas de la organización.
Las operaciones financieras bajo investigación superarían los RD$1,000 millones y los US$16.4 millones, de acuerdo con las cifras atribuidas al expediente. Los recursos presuntamente habrían sido canalizados mediante inversiones inmobiliarias, adquisición de vehículos, establecimientos comerciales y otras actividades económicas.
Entre los bienes y negocios mencionados figuran propiedades, fincas, villas, apartamentos, terrenos y establecimientos comerciales ubicados en distintas zonas del país, incluyendo Higüey, Miches, Punta Cana, Santo Domingo Este y el Distrito Nacional.
El caso vuelve a poner de relieve el papel que pueden desempeñar determinados profesionales y estructuras comerciales en las investigaciones sobre legitimación de capitales, especialmente cuando se utilizan instrumentos legales y transacciones inmobiliarias para intentar ocultar el origen de los recursos.
Las imputaciones forman parte de una investigación del Ministerio Público y deberán ser conocidas y valoradas por los tribunales correspondientes, respetando la presunción de inocencia de las personas señaladas.











