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Esmeralda Moronta no es una estadística. Pero las estadísticas existen para demostrar que su caso no fue una excepción, sino la consecuencia de una violencia sostenida frente a la cual los protocolos siguen llegando tarde o resultando insuficientes. Porque mientras las cifras de feminicidios aumentan, también queda expuesta la fragilidad de un sistema que, incluso cuando recibe la denuncia y reconoce el peligro, todavía no logra garantizar que una mujer salga viva después de pedir ayuda.
Di muchas vueltas para escribir sobre esto. Hay asuntos que uno preferiría no traducir en palabras, porque hacerlo implica ordenar el dolor, darle forma a lo que en realidad es desorden, rabia e impotencia. Pero el caso de Esmeralda Moronta no me da esa opción. No a mí. No como mujer. No en este país.
Lo que ocurrió no es solo una tragedia. Es una confirmación. La confirmación de que el sistema que se supone debe protegernos lleva demasiado tiempo fallando en silencio, y nosotras lo seguimos pagando con la vida.
Hasta el 17 de mayo de 2026, treinta mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en la República Dominicana. Treinta. Un incremento del 36.4 % frente al mismo período del año anterior. Y lo que más duele no es solo el número —que ya de por sí espanta— sino lo que revela sobre el andamiaje institucional que supuestamente las protegía: apenas el 13 % de esas víctimas había denunciado previamente a su agresor. El otro 87 % murió sin que el Estado tuviera siquiera un registro de su nombre.
Eso no es una falla aislada. Es una falla estructural. Y esta vez está documentada, firmada y fechada. Porque el acta oficial del Ministerio Público —obtenida y publicada por un periódico local— recoge la advertencia formal que le hicieron los funcionarios durante su atención: que de no aceptar el traslado a una casa de acogida, "el Ministerio Público no se responsabiliza de lo que le pueda pasar."
Léase de nuevo esa frase. Una institución del Estado, ante una mujer que llegó a pedir auxilio, le extendió por escrito un documento que, en esencia, decía: a partir de aquí, usted está sola. Y la dejaron salir.
¿Qué vale un protocolo que traslada la responsabilidad a la víctima en el momento exacto en que más necesita al Estado? ¿Qué significa una medida de protección que se desactiva en cuanto la mujer toma una decisión que el sistema no aprueba? Un acta no puede ser el final de la responsabilidad institucional. No puede serlo.
A esa fractura se suma la herida social que siempre llega después: la re-victimización. La tendencia refleja e implacable de buscar explicaciones en la conducta de quien fue agredida. Por qué no aceptó el refugio. Por qué no se fue antes. Por qué no previó lo imprevisible. Como si el único responsable del crimen no fuera el hombre que empuñó el arma. Como si el Estado pudiera lavarse las manos con un acta y la sociedad pudiera hacer lo mismo con una pregunta mal dirigida.
Esa es la segunda violencia. La más cobarde. La que no deja marcas visibles pero que termina de borrar a la mujer: primero le arrebatan la vida, luego le arrebatan la razón.
Y mientras ocurre todo esto, los números siguen su marcha imperturbable. En los primeros dos meses de 2026, los feminicidios se triplicaron frente al mismo período del año anterior. El incremento ocurre, hay que decirlo con todas sus letras, pese a los avances en materia de prevención que el propio gobierno presentó en febrero como logros. Pese a los avances. Esa expresión merece leerse despacio, con toda la ironía que merece.
Esmeralda Moronta no es una estadística. Pero las estadísticas existen para que entendamos que su caso no es la excepción: es la norma de lo que ocurre cuando un país trata la violencia de género como un asunto de gestión y no como la emergencia nacional que ya es.
No basta con insistir en que las mujeres denuncien. Lo que hace falta es que cuando una mujer diga tengo miedo, el Estado esté a la altura de esa frase. Con protección real, con respuesta inmediata, con la certeza de que cruzar la puerta de una fiscalía no es el fin del amparo sino el comienzo.
Todo lo demás es burocracia con perspectiva de género. Y Esmeralda, y todas las mujeres del mundo en iguales circunstancias, se merecen mucho más que eso.
