FINJUS alerta sobre fallas del sistema penal por casos de prisión preventiva prolongada
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) expresó este martes su preocupación por varios casos de personas privadas de libertad bajo condiciones que, según afirmó, evidencian vulneraciones a garantías constitucionales y fallas estructurales dentro del sistema de justicia penal dominicano.
La entidad señaló como uno de los casos más graves el de un hombre que permaneció cerca de 20 años en prisión preventiva sin recibir una sentencia definitiva. De acuerdo con FINJUS, el ciudadano estuvo detenido desde 2006 hasta que recuperó su libertad en 2026 tras la intervención de la Defensa Pública.
Asimismo, recordó el caso de 13 personas que estuvieron detenidas durante más de un mes sin ser presentadas ante un juez, situación que terminó con su liberación mediante una acción de hábeas corpus.
FINJUS indicó que estos hechos reflejan retrasos en los procesos judiciales y falta de seguimiento oportuno a expedientes, lo que puede provocar que ciudadanos permanezcan privados de libertad durante años sin una decisión definitiva sobre su situación legal.
La organización sostuvo que, aunque el Estado debe garantizar respuestas firmes frente al delito, el ejercicio del poder punitivo debe respetar los límites establecidos por la Constitución, el debido proceso, la proporcionalidad y la dignidad humana.
La fundación advirtió que la prisión preventiva no puede convertirse en una pena anticipada y afirmó que los casos registrados representan problemas acumulados dentro del sistema de justicia penal que requieren atención urgente.
En ese sentido, llamó a revisar cualquier privación de libertad que exceda los límites establecidos por la ley y recordó que la libertad debe ser la regla, mientras que cualquier restricción debe estar sometida a controles judiciales.
FINJUS también destacó que la detención policial, la prisión preventiva y el cumplimiento de una condena son situaciones jurídicas diferentes, por lo que deben recibir tratamientos distintos dentro del sistema.
Finalmente, exhortó a la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y las autoridades penitenciarias a fortalecer la coordinación institucional para evitar que personas permanezcan detenidas por retrasos, ineficiencias o falta de seguimiento en sus procesos.
