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Organizaciones defensoras de derechos humanos y especialistas forenses denunciaron presuntas irregularidades en investigaciones relacionadas con muertes ocurridas bajo custodia estatal en Venezuela, tras salir a la luz nuevos detalles sobre el caso del preso político Víctor Quero Navas.
El caso generó cuestionamientos luego de que las autoridades venezolanas informaran a la familia, nueve meses después, que Quero Navas había fallecido en julio de 2023 y había sido sepultado en Caracas sin conocimiento de sus allegados.
Durante ese tiempo, su madre, Carmen Navas, había solicitado reiteradamente pruebas de vida de su hijo, quien permanecía detenido bajo custodia del Estado.
El excomisario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Luis Alberto Godoy, afirmó que el procedimiento presenta irregularidades desde la certificación inicial de la muerte.
Según explicó, en casos de fallecimientos bajo custodia deben intervenir familiares y especialistas forenses para garantizar transparencia y legalidad en las investigaciones.
Godoy también cuestionó que durante la exhumación del cadáver no participaran expertos en antropología forense, odontología especializada ni unidades criminalísticas de homicidios.
Especialistas consultados indicaron además que, conforme al Protocolo de Minnesota de Naciones Unidas, utilizado como estándar internacional para investigar muertes potencialmente ilícitas, debieron realizarse análisis de ADN, reconstrucción de huellas dactilares, estudios craneométricos y odontogramas para confirmar plenamente la identidad del cuerpo.
La organización Freedom House exigió justicia en el caso y sostuvo que las circunstancias que rodean la muerte de Quero Navas reflejan “graves violaciones de derechos humanos, represión e impunidad” en Venezuela.
Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones reportó al menos 14 muertes de privados de libertad entre abril y mayo de este año.
Entre los casos recientes figura el del exconcejal chavista José Manuel García Sabino, quien murió bajo custodia policial en Anaco, estado Anzoátegui.
Las autoridades informaron que falleció por asfixia mecánica, aunque familiares rechazaron la hipótesis de suicidio y denunciaron la presencia de golpes y hematomas en el cuerpo.
Tras ese caso, autoridades venezolanas intervinieron la policía municipal de Anaco y al menos 12 funcionarios fueron arrestados.
Las denuncias ocurren meses después de que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez anunciara una “amnistía general” y prometiera garantías para detenidos bajo custodia estatal.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos sostienen que continúan registrándose detenciones arbitrarias, denuncias de tortura y muertes dentro de centros de reclusión en el país sudamericano.
