Jueza de EE.UU. declara ilegal plan de Trump de recortar a la mitad personal de Fondos y Desastres
Una jueza federal de Estados Unidos declaró ilegal el plan de la Administración de Donald Trump para reducir en un 50 % el personal de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA), encargada de coordinar la respuesta ante desastres naturales y otras emergencias.
La jueza Susan Illston, del Distrito Norte de California, falló a favor de una demanda presentada por la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno contra una propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que contemplaba reducir la plantilla de FEMA en 11,500 trabajadores, de unos 23,000, al cierre del año fiscal 2026.
El plan no llegó a ejecutarse completamente. Ante esta situación, Illston ordenó a las partes reunirse para determinar cómo deberá remediarse la situación planteada en la demanda.
En su decisión, la magistrada concluyó que el DHS, dirigido entonces por Kristi Noem, «actuó de manera ilegal al usurpar la autoridad de la FEMA sobre su personal».
La jueza también determinó que FEMA y el DHS actuaron de manera «arbitraria y caprichosa» al establecer el plan de reducción de personal. En el fallo, consideró además que la cifra contemplada en la propuesta no estaba debidamente sustentada.
FEMA ya había reducido miles de puestos
Aunque el recorte propuesto no se concretó en su totalidad, FEMA separó de sus cargos a unos 4,300 empleados durante el año fiscal 2025, el primer año de la actual Administración Trump.
Según datos de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), esa cifra representó un aumento anual del 55 % en el número de trabajadores que dejaron la agencia.
La reducción de personal se produce mientras continúa el debate sobre el papel de FEMA y el alcance de la asistencia federal ante desastres.
Además, el Consejo de Revisión de FEMA, creado por Trump, ha propuesto limitar a un máximo del 50 % de los costos de los desastres los reembolsos federales que reciben los gobiernos locales después de una catástrofe.
A estas medidas se suman, según una denuncia presentada en junio por el Center for American Progress (CAP), reducciones de 200 millones de dólares en programas de pronóstico climático de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), así como de otros 150 millones de dólares destinados a mejorar los sistemas de observación meteorológica.
