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El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que cumplirá una orden judicial que suspende de manera temporal un fondo de 1,800 millones de dólares creado por el gobierno de Donald Trump para compensar a personas que, según la administración, fueron víctimas de persecución judicial durante el mandato de Joe Biden.
La medida, presentada el 18 de mayo, ha generado fuertes cuestionamientos de sectores opositores, que advierten sobre la falta de base legal clara, la limitada supervisión y el riesgo de que los recursos sean usados para beneficiar a aliados políticos, incluidos condenados por el asalto al Capitolio en 2021.
La jueza federal Leonie Brinkema, con sede en Alexandria, ordenó que el gobierno no pueda poner en marcha el fondo hasta la celebración de una audiencia judicial fijada para el 12 de junio.
Aunque el Departamento de Justicia manifestó su "profundo desacuerdo" con la decisión, señaló este lunes que la "respetará", en medio de reportes de medios estadounidenses que indican que la administración evalúa abandonar la iniciativa.
El fondo fue establecido como parte de un acuerdo excepcional dentro de una demanda civil presentada por Trump contra el Servicio de Impuestos Internos, relacionada con la filtración de sus declaraciones de impuestos.
La suspensión responde a una demanda interpuesta por Andrew Floyd, exfiscal federal que investigó y procesó a implicados en el ataque al Capitolio, y Jonathan Caravello, profesor de California detenido durante una protesta contra una redada antimigratoria.
Ambos sostienen que el fondo podría facilitar una coordinación indebida entre Trump y su gobierno, "sin autorización del Congreso, sin base legal y sin rendición de cuentas".
