Abogado Manuel Sierra acusa a jueces de interpretar “erradamente” el plazo razonable en procesos de corrupción

Por Rosa Soto
Publicado el 22 sept 2026

El abogado Manuel Sierra afirmó este martes que en República Dominicana existe un plazo legal establecido para la duración de los procesos judiciales y cuestionó las interpretaciones que, según entiende, han realizado algunos jueces para mantener abiertos expedientes más allá de esos límites.

Durante una intervención en El Sol de la Mañana, Sierra explicó que la figura del plazo razonable surgió como una garantía de los derechos fundamentales, tanto para proteger a las víctimas como a los imputados, especialmente en países donde los Estados investigaban violaciones de derechos humanos cometidas durante períodos de conflictos internos.

El jurista señaló que, en el caso dominicano, esa figura ya cuenta con parámetros definidos por la legislación y por decisiones del Tribunal Constitucional.

“Pero en un acto grosero y evidente de prevaricación, los jueces dominicanos para complacer al persecutor (Ministerio Público), han seguido interpretando erradamente
cuál es el plazo razonable, a pesar de que el Tribunal Constitucional ha venido aclarando de
manera contundente cuál es el plazo razonable y ya no hay discusión en el plazo”
, expresó Sierra.

Según explicó, para los procesos ordinarios el plazo sería de tres años, mientras que para investigaciones complejas relacionadas con criminalidad organizada existe una extensión adicional. Indicó que el Código Procesal Penal anterior contemplaba un máximo de cuatro años y que las modificaciones posteriores ampliaron ese límite a cinco años.

Críticas a jueces por interpretación del plazo razonable

Sierra sostuvo que, a su juicio, algunos jueces dominicanos han aplicado una interpretación incorrecta de esos plazos para favorecer la posición del órgano persecutor.

Pero en un acto grosero y evidente de prevaricación, los jueces dominicanos para complacer al persecutor han seguido interpretando erradamente cuál es el plazo razonable”, afirmó el abogado.

El jurista vinculó sus planteamientos con los debates surgidos tras decisiones recientes sobre solicitudes de extinción de procesos judiciales, incluyendo el caso relacionado con el abogado Ángel Lockward, dentro del expediente Calamar, donde se solicitó la extinción por vencimiento de plazos.

Caso Calamar y la discusión sobre extinción

Sierra abordó el tema luego de que se conociera una decisión relacionada con solicitudes de extinción dentro del caso Calamar. Explicó que el debate gira alrededor de si los procesos complejos pueden extenderse indefinidamente o si deben respetarse los límites establecidos por la ley.

  • El abogado sostuvo que, cuando los retrasos no son provocados por los imputados, estos no pueden ser responsabilizados por la prolongación de los procesos judiciales.

Lo único que puede hacer un juez cuando se ha extinguido un caso y tiene una solicitud de extinción es ver si ahí hay un eximente: si eso ha tenido que ver con el imputado o si ha habido causas que pueden haber afectado ese proceso”, explicó.

Advertencia sobre nuevos recursos judiciales

El abogado también planteó que las decisiones que rechazan solicitudes de extinción pueden ser recurridas y anticipó que esto podría generar nuevas discusiones sobre la continuidad de los procesos mientras se conocen esos recursos.

  • Sierra consideró que el derecho a recurrir tiene rango constitucional y cuestionó que los tribunales continúen conociendo expedientes cuando existen recursos pendientes de decisión.

El derecho a recurso es una figura constitucional”, manifestó.

Cuestionamientos al sistema judicial

Durante su intervención, Sierra también criticó lo que considera una falta de cumplimiento de decisiones del Tribunal Constitucional por parte de otros órganos judiciales y estatales.

  • Afirmó que existe un conflicto institucional alrededor de la interpretación del plazo razonable y llamó a fortalecer el respeto a las decisiones judiciales.

El abogado concluyó comparando la situación con otros sistemas judiciales donde, según dijo, los jueces pueden enfrentar consecuencias cuando actúan apartándose de las normas establecidas.

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