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La noche del martes 29 de junio de 2021, el Ministerio Público, bajo la dirección de la entonces procuradora Miriam Germán Brito, ejecutó un operativo para detener a su antecesor en el cargo, Jean Alain Rodríguez, quien fue acusado de liderar una supuesta red que habría defraudado al Estado por más de 6,000 millones de pesos.
Contra Rodríguez y otros 17 implicados, el Ministerio Público presentó un expediente de 12,247 páginas, con el objetivo de persuadir al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de imponer sanciones significativas.
No obstante, el avance del caso se ha convertido en un verdadero desafío. Tanto la defensa del exprocurador como los fiscales se acusan mutuamente de generar los aplazamientos. El director de Persecución, Wilson Camacho, señaló que los involucrados reciclan incidentes para retrasar el proceso, mientras que Rodríguez asegura que nunca ha faltado a las audiencias. Por su parte, su abogado, Carlos Balcácer, advirtió que en el juicio de fondo podrían presentarse incidentes “jamás vistos” para dilatar el proceso.
Gran parte de las suspensiones se ha atribuido a presuntas condiciones de salud de los imputados. Por ejemplo, el miércoles 17 de marzo, el tribunal aplazó la audiencia hasta el lunes 23 de marzo, debido a que el acusado Javier Forteza Ibarra presentaba conjuntivitis.
Además de Rodríguez y Forteza Ibarra, están procesados: Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias. También figuran en la lista Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Desde que el Segundo Tribunal Colegiado inició el juicio de fondo en junio de 2024, se han registrado ocho prórrogas. A esto se suman los 94 aplazamientos ocurridos durante la audiencia preliminar en el Tercer Juzgado de Instrucción.
Las juezas han advertido que estas demoras generan un gasto significativo para el sistema judicial, mientras que algunos juristas han señalado que las continuas suspensiones podrían incluso llevar a la extinción de la acción penal, tal como lo establece el artículo 148 de la Ley 10-15.
Entre los tres expedientes ejecutados por el Ministerio Público en 2021 —los casos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el que involucraba a los hermanos del expresidente Danilo Medina—, el proceso contra Jean Alain Rodríguez es el que registra mayor retraso.
En este contexto, las juezas han reiterado que las continuas demoras representan un costo considerable para la justicia. Paralelamente, los abogados debaten sobre la posibilidad de separar el juicio de Rodríguez del resto de los imputados, una medida que podría agilizar el proceso, aunque aún no hay decisiones al respecto.
