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La crisis de seguridad que afecta a Haití continúa agravándose. La violencia ejercida por grupos armados ha provocado al menos 2,310 muertes y 1,106 personas heridas durante los primeros cinco meses de 2026, según datos divulgados este martes por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La situación mantiene bajo presión a las instituciones haitianas y sigue generando preocupación en la comunidad internacional por el deterioro de las condiciones de vida y el acceso a la justicia en el país.
Las cifras reflejan la magnitud de una crisis que se ha extendido más allá de la capital haitiana y que afecta a miles de familias.
Las bandas armadas continúan ejerciendo control sobre amplios sectores de Puerto Príncipe y otras localidades, limitando la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de la población y el funcionamiento normal de los servicios públicos.
Además de las muertes y lesiones registradas, Naciones Unidas advirtió que los grupos criminales mantienen prácticas como secuestros, violencia sexual y trata de personas, delitos que afectan especialmente a mujeres, niñas y menores de edad..
Durante una rueda de prensa, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, informó que entre enero y mayo de este año se documentaron al menos 99 secuestros perpetrados por bandas armadas en diferentes zonas del país.
La organización también reportó que 699 personas, principalmente mujeres y niñas, fueron víctimas de violencia sexual en medio del conflicto que vive Haití. Asimismo, alertó que cientos de menores continúan bajo el control de redes dedicadas a la trata de personas y otras actividades criminales.
Estos datos evidencian el impacto que la inseguridad tiene sobre los grupos más vulnerables de la población y el desafío que enfrentan las autoridades para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Ante este panorama, Naciones Unidas valoró positivamente la apertura de dos unidades judiciales especializadas destinadas a investigar y perseguir los delitos relacionados con la violencia de bandas y otras violaciones graves de derechos humanos.
Según la portavoz del organismo internacional, estas nuevas estructuras podrían representar un paso importante en la lucha contra la impunidad que afecta al sistema judicial haitiano. De funcionar adecuadamente, permitirían fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y ofrecer mayores garantías de acceso a la justicia para las víctimas.
La ONU también consideró que estas iniciativas podrían contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho, la lucha contra la corrupción y la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones públicas, en un contexto marcado por las dificultades que enfrenta el sistema judicial del país.
Mientras tanto, la comunidad internacional mantiene la atención sobre la evolución de la crisis haitiana, que continúa representando uno de los mayores desafíos humanitarios y de seguridad en la región del Caribe.
