CONEP afirma que empresarios apoyan el Código Penal, pero reclaman claridad en su aplicación

Por Rosa Soto
Publicado el 3 ago 2026

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini, afirmó este lunes que el sector empresarial nunca se ha opuesto a la aprobación ni a la implementación del nuevo Código Penal, pero ha solicitado mayor claridad en varios artículos debido a las dudas sobre la forma en que podrían ser interpretados por los jueces y el Ministerio Público.

Marranzini sostuvo que los empresarios reconocen la necesidad de actualizar la legislación penal dominicana y respaldan la responsabilidad que corresponde a las empresas dentro del nuevo régimen. Sin embargo, señaló que la incorporación de nuevas figuras jurídicas genera incertidumbre sobre sus efectos prácticos.

“En todo este proceso nosotros lo que hemos hecho son señalamientos para buscarle mayor claridad a los artículos”, expresó el dirigente empresarial durante una entrevista en El Sol de la Mañana.

Preocupa la interpretación de jueces y fiscales

El presidente del CONEP explicó que las inquietudes del sector privado no están dirigidas a rechazar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino a evitar disposiciones ambiguas que puedan producir interpretaciones contradictorias.

Indicó que dentro de la propia comunidad jurídica existen posiciones distintas sobre el alcance de las modificaciones. Mientras algunos abogados consideran que el Código representa un avance importante para el país, otros advierten que determinadas disposiciones podrían resultar perjudiciales para las empresas.

Según Marranzini, esa diferencia de criterios aumenta la preocupación sobre la manera en que los jueces y representantes del Ministerio Público aplicarán los nuevos artículos.

“Nunca hemos rechazado la responsabilidad que tienen las empresas, pero sí hemos pedido mayor claridad”, puntualizó.

Agregó que el sector empresarial presentó sugerencias específicas durante el proceso de revisión y que algunas de ellas fueron acogidas por las autoridades.

Tres meses para adecuar los sistemas de cumplimiento

Marranzini explicó que el CONEP solicitó un período de adaptación para que las empresas puedan implementar los programas preventivos y sistemas de cumplimiento exigidos por la nueva legislación.

El plazo concedido fue de tres meses y abarca las disposiciones relacionadas con la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El dirigente empresarial subrayó que la medida no afecta exclusivamente a las grandes compañías, debido a que cualquier negocio, independientemente de su tamaño, forma parte del sector privado y podría quedar sujeto al nuevo régimen penal.

“Las empresas somos todos. Desde una gran empresa hasta un colmado es parte del sector privado y es sujeto al Código Penal”, señaló.

Afirmó que las autoridades ofrecieron garantías de acompañamiento durante el proceso de aplicación, especialmente desde el Ministerio Público, debido a que las acciones penales contra las empresas deberán ser canalizadas a través de esa institución.

CONEP dará seguimiento a la implementación

Marranzini reconoció que el Código Penal entra en vigencia este lunes y consideró que corresponde avanzar hacia su aplicación, pero insistió en que el sector empresarial mantendrá una vigilancia permanente sobre sus efectos.

Señaló que el CONEP dará seguimiento a la forma en que las nuevas disposiciones repercutan en las empresas y en el clima de confianza necesario para mantener la inversión y la actividad productiva.

“Definitivamente, ya hoy entra en vigencia y hay que ir pasando la página, pero sin dejar de darle un seguimiento cercano a cómo va a repercutir el Código”, manifestó.

El presidente del CONEP expresó su expectativa de que exista apertura para realizar ajustes en caso de que la aplicación práctica revele dificultades, contradicciones o efectos no previstos.

Aseguró que el objetivo del sector empresarial es contribuir a que el nuevo Código Penal se aplique conforme a las mejores prácticas y sin generar medidas que afecten injustificadamente la seguridad jurídica y la confianza en el sector privado.

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