CONEP advierte que recursos de la reforma deben destinarse al subsidio y a obras de capital

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini, afirmó este lunes que los recursos obtenidos mediante la reciente reforma implementada por el Gobierno deben utilizarse exclusivamente para cubrir el incremento del subsidio a los combustibles y aumentar la inversión pública en obras y bienes de capital.

Marranzini explicó que la medida fue adoptada en un contexto de crisis marcado por el aumento de los precios internacionales del petróleo y sus derivados, situación que, según indicó, ha generado un desequilibrio en las finanzas públicas.

El dirigente empresarial sostuvo que el sector privado estará del lado del país ante una coyuntura de esta naturaleza, pero advirtió que el respaldo a la reforma debe estar acompañado de controles claros sobre el uso de los fondos recaudados.

“Los recursos de esa reforma tienen que ir para lo que es y no puede aumentar el gasto corriente, no puede seguir aumentando los empleos”, expresó Marranzini durante una entrevista en El Sol de la Mañana.

Pide evitar aumento del gasto corriente

El presidente del CONEP señaló que los ingresos adicionales deben ser utilizados para cubrir el exceso registrado en el subsidio a los combustibles, cuyo costo habría superado las estimaciones contempladas originalmente en el presupuesto.

Indicó que ese subsidio tiene un impacto directo sobre toda la población, debido a que busca contener los aumentos de precios y reducir el efecto de los combustibles sobre el transporte, la producción y el costo de los bienes y servicios.

Marranzini agregó que otra parte de los recursos debe destinarse a incrementar la inversión pública en infraestructura y bienes de capital, en lugar de utilizarse para ampliar la nómina estatal o financiar nuevos gastos administrativos.

Explicó que el sector empresarial dará seguimiento al manejo de esos fondos, al considerar que la reforma fue presentada como una medida temporal para responder a una situación económica específica.

“Eso es para sostener el exceso de lo que se presupuestó del subsidio de la gasolina y para aumentar las inversiones en obras, en bienes de capital”, puntualizó.

El dirigente empresarial recordó que el país todavía tiene pendiente una reforma fiscal más amplia, la cual, a su juicio, deberá discutirse dentro de un pacto que permita enfrentar el déficit público sin comprometer la estabilidad macroeconómica.

"El país tiene pendiente, como todos sabemos, una gran reforma que hay que ver cómo es que se va a llevar a cabo y cómo se va a dar, es decir, dentro de un pacto porque que definitivamente tenemos un déficit que cada año que se financia con financiamiento externo y que si bien la macroeconomía está eh balanceada, pues cada vez más limita la capacidad del gobierno de tener fondos para invertir" dijo.

Inversión extranjera evidencia seguridad jurídica

Al ser cuestionado sobre el nivel de seguridad jurídica en la República Dominicana, Marranzini afirmó que el país ha logrado avances importantes, aunque reconoció que todavía existen aspectos que pueden ser mejorados.

Explicó que la seguridad jurídica no depende únicamente de las leyes, sino también de su aplicación, de las políticas públicas, de las decisiones gubernamentales y del funcionamiento de las instituciones.

• Aseguró que el crecimiento de la inversión extranjera y la continuidad de las inversiones locales constituyen señales de confianza en el entorno jurídico y económico dominicano.

“Definitivamente, la atracción de inversión extranjera en el país ha crecido en los últimos años a doble dígito y eso es una señal incuestionable de seguridad jurídica”, manifestó.

Marranzini indicó que la inversión privada local también ha sido determinante para sostener el crecimiento económico durante los últimos años, pese a la inestabilidad registrada en el escenario internacional.

• Señaló que el sector privado realiza cerca del 90 % de las inversiones anuales del país, por lo que consideró fundamental mantener condiciones que protejan la confianza empresarial y garanticen la estabilidad de las reglas.