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Un estudio de la Fundación Juan Bosch advierte que los principales mecanismos redistributivos del Estado dominicano han colapsado, profundizando la desigualdad y consolidando un modelo de “Estado mínimo” con baja capacidad para garantizar servicios públicos de calidad, según planteó el economista Francisco Tavárez.
Señaló que los tres principales elementos son:
El catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo señaló en El Rumbo de la Mañana que el documento, titulado Fiscalidad para la Desigualdad y el Estado Mínimo, es el resultado de una secuencia de seis investigaciones previas, en el que el enfoque va más allá de la economía tradicional y se inscribe en la economía política.
En ese sentido, detalló que los impuestos ya no cumplen su rol correctivo frente a las fallas del mercado, los salarios no reflejan el crecimiento económico sostenido del país y la Seguridad Social no garantiza que las personas afiliadas no caigan en la pobreza.
“Ese crecimiento no corresponde con la compensación que debe recibir el factor trabajo en el proceso productivo, dígase los salarios”, sostuvo.
Uno de los principales hallazgos del estudio es la existencia de una “pirámide invertida” en materia tributaria.
Tavárez explicó que, entre 2018 y 2025, el Estado ha destinado alrededor de 1.3 billones de pesos en gastos tributarios para incentivar sectores como zonas francas, turismo y generación eléctrica, sin una evaluación de impacto posterior. “Se mantiene el incentivo sin saber si efectivamente ese proyecto logró su objetivo”, criticó.
Además, cuestionó que estos sectores, pese a recibir amplios beneficios fiscales, también se vean favorecidos por salarios mínimos más bajos.
“En el Comité Nacional de Salarios se le subsidia prácticamente la fuerza laboral, porque se les permite pagar salarios de 18 y 19 mil pesos, cuando por escala deberían pagar cerca de 30 mil”, indicó, señalando que esto representa un costo indirecto asumido por la sociedad.
Tavárez también denunció debilidades de gobernanza en los consejos que aprueban los incentivos fiscales. “Hay muy poca representatividad pública; prácticamente están los mismos evaluados aprobándose a sí mismos”, afirmó, al tiempo que criticó que el Ministerio de Hacienda solo evalúe los proyectos de manera previa y no realice seguimientos periódicos.
El abogado puso como ejemplo las zonas francas especiales, que según la ley deberían estar encadenadas al sector servicios, pero que en la práctica incluyen exportadores de materias primas como cacao y tabaco sin transformación.
“Eso se ha convertido en un trasvase de fondos públicos a ganancia privada”, sostuvo, aludiendo a un modelo de “capitalismo de amigos”.
Finalmente, Tavárez advirtió que esta estructura fiscal debilita al Estado y afecta su capacidad de ofrecer servicios esenciales.
“El Estado mínimo es presencia subsidiaria en salud, educación e infraestructura, y eso se refleja en la mala calidad de los servicios”, señaló. Añadió que, mientras grandes empresas tienen una tasa efectiva de tributación cercana a cero, el sistema se recarga sobre impuestos indirectos que afectan a la mayoría de la población y a las pequeñas y medianas empresas.
