Ordenan excarcelación de Ollanta Humala tras fallo que anuló condena por lavado de activos
Un juez peruano dispuso este viernes la liberación del expresidente Ollanta Humala, luego de que el Tribunal Constitucional dejara sin efecto el proceso judicial que terminó con una condena de 15 años de prisión por lavado de dinero relacionado con el financiamiento de sus campañas electorales.
La decisión fue emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que atendió la solicitud presentada por la defensa del exmandatario y ordenó comunicar la medida al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) para ejecutar su salida del centro de reclusión.
Tribunal Constitucional cuestionó la validez del proceso
Humala permanecía detenido desde abril de 2015, tras ser condenado por presunto lavado de activos vinculado a aportes no declarados para sus campañas presidenciales de 2006 y 2011. Sin embargo, el Tribunal Constitucional determinó que el proceso no tenía validez debido a que los hechos investigados no configuraban delito bajo la legislación vigente en ese momento.
El organismo también señaló que la Fiscalía no logró establecer los elementos necesarios para acreditar la existencia de lavado de dinero en las operaciones investigadas.
La resolución beneficia además a Nadine Heredia, esposa del exgobernante, quien se encuentra asilada en Brasil y había recibido una condena en el mismo expediente.
Caso incluía aportes de campañas electorales
La investigación contra Humala estuvo relacionada con supuestos aportes provenientes del chavismo y de la empresa brasileña Odebrecht para sus campañas electorales, fondos que, según la acusación fiscal, no fueron declarados.
El juez ordenó levantar posibles órdenes de captura y notificar la decisión a las instituciones judiciales correspondientes, incluyendo al Ministerio Público y a las partes involucradas.
Tras conocerse el fallo, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, quien también fue beneficiada anteriormente por una resolución del Tribunal Constitucional en un caso similar, afirmó que el país vive «en un estado de derecho» y que las decisiones judiciales deben ser acatadas.
