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El Frente Amplio rechazó la Sentencia TC/1774/25, emitida por el Tribunal Constitucional, al considerar que vulnera el principio de transparencia y limita el derecho fundamental de acceso a la información pública al excluir a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas de la aplicación de la Ley General núm. 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública.
La organización política sostuvo que la decisión debilita un derecho consagrado en la Constitución y favorece la opacidad en un sector que administra un servicio público esencial como la salud, financiado a través de cotizaciones obligatorias establecidas por ley dentro del sistema de seguridad social.
En un documento, el Frente Amplio afirmó que el Tribunal Constitucional asumió una interpretación restrictiva sobre el concepto de fondos públicos. “El Tribunal adopta una interpretación formalista, reduciendo los fondos públicos a los recursos del Presupuesto General del Estado, e ignorando que las ARS administran aportes obligatorios destinados a garantizar el derecho a la salud”, señaló.
El partido explicó que, aunque las ARS tienen carácter privado, ejercen funciones de interés general, operan bajo autorización previa del Estado y están sujetas a una regulación estricta, por lo que no deben ser tratadas como empresas privadas ordinarias ni quedar fuera del escrutinio ciudadano.
Asimismo, cuestionó que el fallo pretenda sustituir el derecho directo de la ciudadanía a acceder a la información por un mecanismo de control indirecto a través de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL). “La supervisión administrativa no reemplaza el derecho constitucional a la transparencia ni garantiza un control social efectivo”, advirtió.
El Frente Amplio también calificó de contradictoria la posición del Tribunal al reconocer que el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) sí está sujeto a la Ley 200-04 por administrar fondos públicos, mientras excluye a las ARS privadas, generando lo que definió como una asimetría de transparencia dentro del mismo sistema de salud.
A juicio de la organización política, esta diferenciación afecta la coherencia del marco legal y debilita los mecanismos de rendición de cuentas en un sector que maneja recursos de alto impacto social y económico.
Finalmente, el partido hizo un llamado a los sectores sociales, académicos y políticos a promover una reforma legal y constitucional que garantice la transparencia plena en el sistema de seguridad social, y advirtió que decisiones de esta naturaleza erosionan la confianza pública y debilitan el control democrático sobre servicios esenciales.