¿Fue el PLD víctima de lawfare? Debate surge tras absoluciones y no ha lugar a Gonzalo Castillo
Por Rosa Soto
Publicado el 1 jun 2026
El concepto de lawfare, también traducido como “guerra jurídica” o “persecución judicial”— ha resurgido con fuerza en el debate político dominicano a propósito de la serie de casos judiciales que afectaron a exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tras perder el poder.
Dirigentes del partido y analistas han señalado que hubo una instrumentalización de la justicia con fines políticos, destinada a dañar la reputación de la organización gobernante por más de dos décadas.
El exsenador y miembro del Comité Político del PLD, Iván Lorenzo, aseguró que el Ministerio Público actuó con motivaciones políticas contra su partido, lo que, según explicó, configura un episodio de lawfare, término que combina las palabras inglesas law (ley) y warfare (guerra).
“El PLD fue objeto de persecución judicial para afectar su prestigio y su obra de gobierno”, afirmó Lorenzo en una intervención reciente, añadiendo que presentarán denuncias ante naciones democráticas e instancias internacionales para exponer lo que consideran un abuso del sistema legal.
¿Qué es lawfare?
El lawfare es definido por expertos como el uso estratégico del sistema legal y judicial para perseguir políticamente a un adversario, más allá de la búsqueda de justicia por hechos concretos. Este fenómeno suele implicar:
Acusaciones dudosas presentadas sin pruebas sólidas, principalmente por corrupción o abuso de poder.
Desgaste mediático, donde el proceso legal se convierte en espectáculo antes de que haya un juicio justo, afectando la reputación del afectado.
Distracción y paralización, manteniendo al perseguido ocupado en procesos largos y costosos, limitando su capacidad política.
Intervención institucional, cuando se busca influir o presionar a jueces, fiscales u órganos de control para favorecer intereses del poder Ejecutivo.
Especialistas recuerdan que el término se originó en campos militares para describir tácticas estratégicas de desgaste, pero hoy se usa mayoritariamente en política interna. En español, instituciones como la Fundéu RAE recomiendan conceptos como “persecución judicial” o “instrumentalización de la justicia” para evitar ambigüedades del anglicismo.
Contexto dominicano y casos recientes
El tema volvió al centro del escenario tras el fallo de no ha lugar dictado a favor de Gonzalo Castillo y otros acusados en casos por corrupción. Para Julio Martínez Pozo, coordinador de El Sol de la Mañana, el hecho de que múltiples exfuncionarios del PLD hayan sido absueltos o que sus procesos no prosperaran, demuestra un uso indebido de la justicia.
“Consideramos que muchos sometimientos fueron abusivos y destinados a afectar al partido”, dijo Martínez Pozo en el programa.
Además de Lorenzo y Martínez Pozo, figuras como Melanio Paredes y un exsenador por Dajabón han coincidido en que hubo un patrón de persecución política mediante procesos judiciales, con filtraciones mediáticas y estrategias que dilatan el procedimiento más allá de lo estrictamente jurídico.
Preguntas abiertas para el debate
¿Fue el PLD víctima de lawfare?
Dirigentes del PLD sostienen que sí, al considerar que hubo un uso sistemático del sistema judicial con fines políticos, lo que afectó la imagen pública del partido y de sus funcionarios.
La evidencia que respalda la existencia de lawfare en los casos contra funcionarios del PLD se centra principalmente en patrones de persecución judicial y manipulación del sistema legal con fines políticos.
Expertos y analistas han señalado que los exfuncionarios han sido sometidos a investigaciones y procesos judiciales desproporcionados, con denuncias basadas en acusaciones débiles o sin pruebas sólidas, diseñadas para desprestigiar y obstaculizar políticamente a los involucrados.
El coordinador y comentarista de El Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo ha enfatizado que todos los funcionarios del PLD acusados de corrupción fueron eventualmente absueltos, calificando los sometimientos como un abuso del poder judicial.
Los elementos que caracterizan el lawfare incluyen el uso estratégico de recursos judiciales para desgastar la imagen pública del adversario, procesos legales prolongados y costosos que limitan su actividad política, y la difusión mediática de las acusaciones antes de cualquier veredicto.
En los casos del PLD, se observó un patrón de repetidas investigaciones, citaciones públicas y medidas legales que, aunque se presentaron como legales, funcionaron más como una herramienta de presión política que como un procedimiento judicial justo.
Analistas como Melanio Paredes y exsenadores también han señalado que el partido fue víctima de esta forma de persecución sistemática, reforzando la interpretación de que hubo un uso indebido del aparato judicial para afectar la reputación y la operatividad política del PLD.
¿Qué distingue un proceso judicial legítimo del lawfare? Especialistas indican que, mientras un proceso legítimo se basa en evidencia sólida y transparencia, el lawfare se caracteriza por acusaciones débiles, cobertura mediática intensa y objetivos políticos explícitos de daño reputacional.
¿Puede un fenómeno similar repetirse en otros países? En América Latina, casos en Argentina, Brasil, Ecuador y otras naciones han sido citados como ejemplos de prácticas similares, donde procesos judiciales se convierten en instrumentos de confrontación política.
