Nueva ley obligaría a verificar identidad de apostadores ante la JCE
Una nueva propuesta de regulación para los juegos de azar en República Dominicana contempla establecer mecanismos obligatorios para verificar la identidad y la edad de las personas que participen en actividades de apuestas.
La iniciativa plantea que los operadores deberán contar con sistemas que permitan comprobar los datos de los apostadores antes de permitirles participar en juegos de azar, con la finalidad de fortalecer los controles dentro de este sector.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la participación de la Junta Central Electoral (JCE) en el proceso de validación de la identidad. El mecanismo permitiría confirmar que los datos suministrados por los usuarios correspondan con una persona real y que esta cumpla con el requisito de edad establecido para acceder a este tipo de actividades.
La medida busca reducir las posibilidades de que menores de edad puedan utilizar plataformas, establecimientos o mecanismos destinados a las apuestas, además de dificultar el uso de identidades falsas o datos pertenecientes a otras personas.
El proyecto también plantea mayores responsabilidades para las empresas y establecimientos dedicados a los juegos de azar, que tendrían que implementar mecanismos tecnológicos capaces de realizar las verificaciones correspondientes antes de autorizar determinadas operaciones.
Con este esquema, los operadores tendrían que asegurarse de que cada usuario esté debidamente identificado y habilitado para participar, lo que supondría un cambio en los controles actualmente aplicados por parte de estos negocios.
La propuesta forma parte de un intento por actualizar el marco regulatorio de los juegos de azar y adaptarlo al crecimiento de las modalidades de apuestas, particularmente aquellas que utilizan plataformas digitales.
Además del control de edad e identidad, una normativa de este tipo permitiría a las autoridades contar con mayores herramientas para supervisar las operaciones y establecer mecanismos de trazabilidad sobre quienes participan en las actividades reguladas.
El objetivo sería fortalecer la supervisión estatal, reducir posibles irregularidades y establecer mayores garantías para que las apuestas sean realizadas únicamente por personas que cumplan con los requisitos establecidos por la legislación.
La iniciativa deberá agotar el proceso correspondiente antes de convertirse en ley, por lo que sus disposiciones podrían experimentar modificaciones durante la discusión legislativa.
