Conozca otros detalles sobre el incidente ocurrido en donde una diputada fue esposada en Elías Piña
El periodista Sandy Familia calificó de “bochornoso” el incidente ocurrido en el municipio de Comendador, provincia Elías Piña, donde agentes de la Policía Nacional esposaron a la diputada Millys Johanna Martínez Morillo, luego de que esta interviniera durante un operativo contra un grupo de personas que participaba en las celebraciones de las fiestas patronales.
Durante una llamada en El Sol de la Mañana, Familia explicó que el conflicto se originó cuando agentes policiales llegaron a un punto de encuentro donde varias personas compartían después de participar en un rally y ordenaron apagar la música que tenían instalada en un vehículo.
Según el comunicador, los presentes obedecieron la disposición policial, pero los agentes intentaron detener al propietario del equipo de sonido y llevarse también su vehículo, situación que provocó el desacuerdo de quienes se encontraban en el lugar.
“Ellos me dicen que ya la música la habían apagado, entonces el muchacho se iba para su carro, pero ellos querían llevar hasta el vehículo con la música”, relató Familia al explicar el origen del enfrentamiento.
El periodista sostuvo que, ante lo ocurrido, varias personas acudieron a la diputada Martínez Morillo para solicitar su intervención, debido a que la reconocían como una autoridad de la provincia.
Explicó que la legisladora se acercó a los agentes para conocer las razones del procedimiento y tratar de mediar por el joven. Sin embargo, durante el intercambio fue esposada por miembros de la patrulla, lo que provocó momentos de tensión y la reacción de ciudadanos que presenciaban el incidente.
Familia aseguró que posteriormente conversó con la diputada, quien le manifestó que tenía una de sus manos adolorida por la presión ejercida durante la colocación de las esposas.
Asimismo, precisó que la congresista ya había conversado con el coronel presente en el operativo antes de que se produjera el incidente, por lo que, según su versión, el oficial conocía su condición de legisladora.
El comunicador reconoció que la intervención de Martínez Morillo pudo no haberse realizado de la manera más apropiada, pero insistió en que es necesario esclarecer por qué se produjo su inmovilización y si los agentes actuaron conforme a los procedimientos establecidos.
Durante el intercambio, los participantes del programa también cuestionaron las razones para detener al joven y retener el vehículo cuando, según el testimonio ofrecido, la música ya había sido apagada.
Inmunidad parlamentaria y actuación policial
El incidente también ha generado cuestionamientos jurídicos por la protección constitucional que ampara a los miembros del Congreso Nacional.
El artículo 86 de la Constitución dominicana establece que ningún senador o diputado puede ser privado de su libertad durante la legislatura sin autorización de la cámara a la que pertenece, salvo cuando sea sorprendido en el momento de cometer un crimen.
Esta disposición busca proteger el ejercicio de la función legislativa frente a privaciones de libertad que no cumplan las condiciones constitucionalmente establecidas.
Por su parte, el artículo 87 precisa que la inmunidad parlamentaria no constituye un privilegio personal ni impide que puedan desarrollarse las acciones legales correspondientes conforme a los procedimientos previstos por la Constitución.
En consecuencia, el caso plantea la necesidad de determinar si la actuación policial constituyó una privación de libertad y si existían circunstancias que justificaran la medida aplicada contra la diputada.
Policía investiga el incidente
- La Policía Nacional anunció una investigación para esclarecer lo sucedido y establecer posibles responsabilidades de los agentes involucrados.
Aunque la institución negó que se produjera una detención formal de la legisladora, las imágenes difundidas muestran que fue esposada durante el procedimiento.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, también condenó la actuación policial y recordó la protección constitucional de la que gozan los integrantes del Congreso Nacional.
- El caso ha reabierto el debate sobre los límites de la actuación policial, la obligación de respetar las disposiciones legales y el alcance de las prerrogativas constitucionales de los legisladores.
Mientras avanzan las investigaciones, permanece pendiente establecer las circunstancias que motivaron la intervención de los agentes, la legalidad de las medidas adoptadas contra el joven y el procedimiento aplicado a la diputada Millys Martínez.
