Tribunal federal anula suspensión de visas de Trump para ciudadanos de 75 países
Un tribunal federal de Estados Unidos anuló la suspensión de visas impulsada por la Administración de Donald Trump y que afectaba a ciudadanos de 75 países, al considerar que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus facultades legales al aplicar la medida.
Jueza califica la política de ilegal
La decisión fue emitida por la jueza Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, quien determinó en una sentencia de 61 páginas que la política migratoria era «manifiestamente ilegal».
La magistrada cuestionó el argumento del Gobierno de Trump de que los solicitantes procedentes de los países incluidos en la lista representaban un elevado riesgo de convertirse en una carga económica para Estados Unidos.
- Según el fallo, funcionarios estadounidenses recibieron instrucciones de rechazar solicitudes incluso cuando los inmigrantes cumplían con los requisitos establecidos y tenían posibilidades de mantenerse económicamente por sí mismos.
Vargas señaló que esta práctica contravenía las normas que establecen que las solicitudes deben ser evaluadas individualmente y tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada persona.
Medida afectaba a 75 países
La política incluía países de América Latina y el Caribe como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. También figuraban Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.
La suspensión de la emisión de visas comenzó a aplicarse en enero y generó cuestionamientos de personas afectadas y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.
- La decisión también dejó sin efecto las denegaciones de visado basadas exclusivamente en la política cuestionada, lo que abre la posibilidad de que miles de solicitudes rechazadas sean revisadas nuevamente.
La abogada Joanna Cuevas Ingram, del National Immigration Law Center, calificó el fallo como una victoria para numerosas familias afectadas.
El Departamento de Estado defendió la política y aseguró que mantiene estrictos procesos de evaluación y verificación para quienes solicitan visas.
La resolución representa un nuevo revés judicial para las políticas migratorias de la Administración Trump y mantiene abierto el debate sobre los límites de las facultades del Ejecutivo en materia migratoria.
